El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a poner en el centro del debate político y social el futuro de la reforma a la salud del país. Durante su intervención en la Segunda Conferencia Mundial de la OMS sobre Contaminación del Aire y Salud en Cartagena, Petro no solo abordó la crisis de medicamentos que afecta a miles de colombianos, sino que también arremetió contra lo que él describió como los “capitales vampiros” que influyen en el Congreso de la República. Según el mandatario, el proyecto de reforma a la salud, que ya había sido rechazado anteriormente, corre el riesgo de ser hundido nuevamente la próxima semana debido a la presión de intereses privados, particularmente de empresas de salud españolas.
Petro dejó claro que la oposición al proyecto de ley no solo se limita a un desacuerdo político, sino que, según su visión, responde a intereses económicos poderosos que buscan mantener el modelo actual. En sus palabras, los congresistas que se oponen a la reforma están siendo influenciados por capitales extranjeros, específicamente por grandes empresas de salud españolas que, según el presidente, están canalizando recursos a favor de los políticos que bloquean la iniciativa. Este señalamiento genera una nueva controversia en torno a la relación entre los poderes del Estado, las grandes empresas y las políticas públicas de salud en Colombia.
En una de sus intervenciones más directas, Petro acusó a los congresistas de recibir dinero de estas empresas extranjeras y de romper lo que él considera principios constitucionales fundamentales. “Congresistas contrarios a la Constitución de Colombia recibieron dinero de empresas de salud privadas españolas”, aseveró el presidente, pidiendo al secretario de Estado de Sanidad de España, Javier Padilla, quien también participaba en el evento, investigar esos flujos de recursos internacionales. Este llamado a la investigación se enmarca en el clima de desconfianza que rodea la influencia extranjera en las decisiones legislativas del país.
La denuncia de Petro se da en un contexto de creciente tensión en torno a la reforma sanitaria que, según el presidente, busca garantizar un acceso más equitativo y universal a los servicios de salud. La reforma propone una serie de cambios que desmantelarían el modelo de salud basado en los negocios privados, favoreciendo un sistema más inclusivo y estatal. Sin embargo, esta iniciativa se ha enfrentado a una férrea oposición en el Congreso, donde sectores políticos y económicos temen que la reforma pueda afectar sus intereses.
La crisis de medicamentos, que ha sido uno de los puntos más críticos de la administración de Petro, también fue objeto de sus comentarios. El presidente acusó a actores desconocidos de estar saboteando la distribución de medicamentos esenciales como la insulina, con el fin de generar un ambiente de caos y desconfianza que impida la aprobación de la reforma. Según Petro, este sabotaje estaría orquestado por aquellos que buscan evitar que el proyecto se convierta en ley, pues su implementación disminuiría los márgenes de ganancia de los actores privados en el sector de la salud.
El presidente no ocultó su frustración ante lo que considera una maniobra para frenar una reforma que es crucial para garantizar el derecho a la salud en Colombia. “Nos están frenando la entrega de medicamentos esenciales para que el Congreso no apruebe una reforma a la salud que se basa en disminuir los negocios particulares”, señaló Petro, aludiendo a los obstáculos que enfrenta su gobierno para garantizar un acceso más justo y universal a los servicios médicos. Para él, esta situación refleja el choque entre un modelo de salud privatizado y las políticas públicas que buscan dar prioridad al bienestar colectivo.
En este escenario, la reforma a la salud se ha convertido en un campo de batalla entre el Estado y los intereses privados. El presidente ha insistido en que el sistema actual no solo es ineficaz, sino que está diseñado para favorecer a unos pocos a expensas de la gran mayoría de la población. Su propuesta busca transformar un sistema donde las aseguradoras privadas han tenido un papel predominante, hacia un modelo que priorice el acceso universal y garantizado para todos los colombianos, independientemente de su capacidad económica.
A medida que se acercan las fechas cruciales para la votación en el Senado, el futuro de la reforma a la salud sigue siendo incierto. Los partidarios de la reforma esperan que la presión pública y las denuncias del presidente sobre los intereses extranjeros logren movilizar la opinión popular y generar el apoyo necesario en el Congreso. Sin embargo, los opositores, respaldados por poderosos actores económicos, continuarán luchando por preservar el modelo actual, que consideran más eficiente, aunque el presidente Petro y su equipo argumentan que este solo beneficia a unos pocos, mientras la mayoría de la población sigue sin acceso a una salud digna y de calidad.
