El Grupo Bicentenario, creado en 2023 para coordinar las principales entidades financieras del Estado, ha estado en el ojo del huracán tras la revelación de audios que sugieren una posible injerencia por parte de la canciller Laura Sarabia y su asesor Jaime Ramírez Cobo. Según estos audios, el asesor jurídico del grupo, Sebastián Echeverri, afirmó que ambos habían tenido “control absoluto” sobre las juntas directivas desde el inicio de su gestión. Este episodio ha generado una creciente preocupación en el ámbito político y financiero, alimentando dudas sobre la autonomía de los órganos estatales y el grado de influencia política en las decisiones que se toman en estas instituciones clave.
En las grabaciones filtradas, Echeverri asegura que la canciller y su equipo solicitaban información sobre la composición de las juntas directivas, incluyendo detalles sobre la afiliación política de sus miembros. Según Echeverri, el alcance de este control no se limitaría al Grupo Bicentenario, sino que se extiende a un total de 60 juntas de empresas estatales. La mención de estos supuestos movimientos ha llevado a varios actores políticos a preguntarse si hay un patrón de intervencionismo en otras entidades del gobierno, lo que podría poner en duda la independencia de estas entidades en relación con el poder político.
El Grupo Bicentenario, encabezado por Germán Ávila hasta su nombramiento como ministro de Hacienda, ha sido fundamental en la reorganización del sector financiero estatal. El conglomerado fue diseñado para mejorar la integración y eficiencia de las principales instituciones financieras del Estado, pero las denuncias de interferencia pueden perjudicar su imagen y la de aquellos que lideran el proceso de reestructuración, como Ávila. Aunque el propósito original de la entidad era crear un sistema más coordinado, estas acusaciones podrían poner en peligro la confianza del público en la imparcialidad de las decisiones gubernamentales dentro del sector financiero.
En respuesta a las filtraciones, fuentes cercanas a la canciller Sarabia han sostenido que todas las decisiones de las juntas directivas están bajo la supervisión del presidente Gustavo Petro, quien tiene la última palabra en los nombramientos. Además, subrayan que las designaciones están sujetas a un proceso de verificación por parte de la Superintendencia Financiera, lo que asegura que los nombramientos sean apropiados y cumplan con los requisitos establecidos. Sin embargo, los audios que sugieren un “control absoluto” de Sarabia y Ramírez Cobo sobre las juntas directivas parecen contradecir esta declaración de transparencia y control institucional.
A pesar de las aclaraciones ofrecidas por el entorno de la canciller, el contenido de los audios ha dejado muchas preguntas sin respuesta. La afirmación de Echeverri sobre los cambios “paulatinos” que se habrían realizado en las juntas, a pesar de que algunos miembros provienen de gobiernos anteriores, genera sospechas sobre la consistencia de los procesos y las posibles influencias políticas en las decisiones tomadas por el Grupo Bicentenario. La falta de una explicación detallada sobre estos cambios deja abierta la puerta a especulaciones sobre el grado de intervención política en el funcionamiento interno de la entidad.
Por otro lado, la versión oficial sostiene que no existe una “lista de recomendados” por parte de Sarabia ni una intervención directa en la selección de los miembros de las juntas. Sin embargo, el hecho de que Jaime Ramírez, asesor cercano a la canciller, tuviera un papel de “enlace” con las entidades, podría ser visto como un punto de contacto en las decisiones dentro del conglomerado. Esto abre la discusión sobre los límites entre la gestión política y la administración pública, un tema que siempre genera controversia en un país donde la relación entre ambos campos es a menudo difusa.
El presidente Petro, quien tiene la última palabra en estos nombramientos, se encuentra en una posición delicada, ya que cualquier señal de control excesivo sobre las entidades del Estado podría dañar la reputación de su gobierno, especialmente en un contexto de reformas que buscan la transparencia y la independencia de las instituciones. A medida que las investigaciones continúan, será fundamental que el Gobierno aclare los alcances de las denuncias y garantice que los procedimientos de selección y nombramiento sean completamente transparentes.
En conclusión, las revelaciones sobre la posible influencia de la canciller Sarabia en el Grupo Bicentenario no solo han puesto en duda la autonomía de este conglomerado financiero estatal, sino que también han reabierto el debate sobre la relación entre la política y la administración pública en Colombia. Mientras las autoridades investigan el caso, la pregunta fundamental sigue siendo si las decisiones del Gobierno están siendo tomadas con plena independencia o si existen intereses políticos que afectan el correcto funcionamiento de las entidades estatales.
