El municipio de Buriticá, en el occidente de Antioquia, amaneció este viernes con una preocupante noticia que pone de manifiesto la compleja realidad de la minería en Colombia. Un atentado con explosivos, atribuido a mineros ilegales, ha afectado gravemente el funcionamiento de la mina Higabra, operada por la multinacional Zijin Continental Gold, y ha generado una emergencia ambiental, económica y humana que exige respuestas inmediatas de las autoridades.
Según el reporte de la compañía, los hechos ocurrieron durante la madrugada, cuando los atacantes utilizaron explosivos para fracturar el macizo rocoso y conectar sus labores ilícitas con las actividades de la empresa. Posteriormente, una carga explosiva de alto poder destruyó la subestación eléctrica principal de la mina, dejando sin energía a un 90% de sus operaciones. Más preocupante aún es la interrupción de los sistemas de ventilación y bombeo, que derivó en una acumulación peligrosa de gases tóxicos y una rápida inundación en las rampas principales.
El impacto de este atentado trasciende las cifras de producción minera. La evacuación de los trabajadores evitó una tragedia humana, pero la situación deja a la vista la precariedad de las condiciones de seguridad frente a actores armados ilegales que parecen actuar con total impunidad. Además, las consecuencias ambientales y económicas podrían ser devastadoras. La acumulación de agua y gases pone en jaque no solo la infraestructura de la mina, sino también la estabilidad del entorno natural y la vida de quienes habitan en la zona.
Zijin Continental Gold ha solicitado la instalación urgente de un Puesto de Mando Unificado liderado por las autoridades regionales y nacionales. Esta petición no puede quedarse en el papel. La realidad es que este tipo de ataques no son hechos aislados, sino parte de una problemática más amplia que combina la minería ilegal, la presencia de grupos armados y la falta de control estatal efectivo en territorios donde estas dinámicas se entrecruzan.
Las comunidades de Buriticá también viven en un constante estado de zozobra. Aunque la minería formal puede traer beneficios económicos, los conflictos asociados a la extracción ilegal y los intereses criminales afectan directamente la vida diaria de sus habitantes. Este último episodio debe ser un campanazo de alerta para que se refuercen las estrategias de seguridad y se implementen acciones concretas que protejan tanto la inversión legítima como los derechos de las comunidades locales.
El reto ahora es doble: garantizar la seguridad en el corto plazo, mientras se abordan las causas estructurales que alimentan la minería ilegal y el accionar de los grupos armados. Este atentado no solo pone en peligro un proyecto minero de gran envergadura, sino que amenaza con profundizar las brechas sociales y económicas en una región que clama por paz y desarrollo sostenible.
