El 4 de marzo, un fallo judicial sacudió las relaciones entre el Gobierno Nacional y el Grupo EPM. En un acto inédito, el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bogotá ordenó el embargo de las cuentas del Ejecutivo debido a las deudas acumuladas por el Ministerio de Minas y Energía. Esta deuda, que asciende a una suma que supera los 83 mil millones de pesos, responde al incumplimiento en el pago de los subsidios de servicios públicos, una obligación que el Gobierno Nacional mantiene con EPM y sus filiales.
La cifra exacta de la deuda, según el fallo, es de al menos 46.912 millones de pesos. De esta cantidad, 41.654 millones corresponden a saldos insolutos derivados de compromisos previos, estipulados en diversas resoluciones oficiales, mientras que los 5.258 millones restantes son producto de los intereses moratorios, calculados a la tasa máxima legal. Estas deudas no solo afectan las finanzas de EPM, sino que también reflejan un serio problema de gestión pública en el cumplimiento de obligaciones hacia los ciudadanos más vulnerables.
El conflicto se origina en el no pago de los subsidios que el Gobierno Nacional debía entregar para aliviar el costo de los servicios públicos a los estratos 1, 2 y 3, beneficiarios de una tarifa preferencial en energía. Este tipo de ayudas son fundamentales para garantizar la accesibilidad y justicia social en el suministro de servicios básicos, y su no cumplimiento pone en riesgo la estabilidad financiera de las empresas encargadas de su distribución, como EPM y sus filiales, en particular Centrales Eléctricas de Norte de Santander (CENS).
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, no tardó en reaccionar ante esta situación. En declaraciones públicas, el mandatario destacó que la decisión judicial es una victoria para la justicia, pues la medida demuestra la falta de voluntad del Gobierno Nacional para resolver este conflicto. Según Gutiérrez, las autoridades locales intentaron diversas vías de diálogo con el Ejecutivo, pero la respuesta nunca llegó. Esta situación, que afecta directamente a los medellinenses y a los usuarios de EPM en varias regiones, ha desbordado los límites de la paciencia de las administraciones locales.
El fallo del juez no solo tiene un impacto económico, sino que también subraya la creciente tensión entre el Gobierno Nacional y las entidades encargadas de prestar servicios públicos esenciales. El hecho de que EPM haya tenido que recurrir a la vía judicial para garantizar sus ingresos pone en evidencia la falta de respuesta institucional ante un problema que lleva varios meses acumulándose. De acuerdo con expertos en el sector, este tipo de medidas pueden generar efectos colaterales sobre la confianza pública en el manejo de los recursos destinados a la cobertura de servicios básicos.
El Gobierno Nacional, por su parte, aún no se ha pronunciado formalmente sobre la resolución judicial. Sin embargo, el silencio oficial podría agravar la percepción de desinterés en el cumplimiento de las obligaciones con los ciudadanos más necesitados. Si bien los subsidios son una herramienta clave para mitigar la pobreza energética, el retraso en su pago demuestra una clara falencia en la gestión y planificación de recursos públicos.
Este tipo de situaciones no son nuevas en el contexto colombiano, donde el sector público frecuentemente enfrenta dificultades para cumplir con sus compromisos financieros. Sin embargo, lo que distingue este caso es la contundencia de la medida tomada por la justicia, que subraya la importancia de la independencia judicial en la resolución de conflictos entre las instituciones del Estado. El embargo de cuentas del Gobierno Nacional podría abrir un precedente en cómo se manejan este tipo de disputas financieras entre el Ejecutivo y las empresas públicas.
El futuro de este conflicto dependerá en gran medida de las acciones que tome el Gobierno para resolver la deuda con EPM y sus filiales. Sin una respuesta pronta y efectiva, la relación entre el Estado y las entidades encargadas de garantizar el acceso a los servicios públicos podría seguir deteriorándose, afectando a millones de colombianos que dependen de la energía subsidiada para satisfacer sus necesidades básicas. La situación, por lo tanto, exige una pronta resolución para evitar mayores repercusiones en la estabilidad del sistema de servicios públicos del país.
