El proyecto de reforma a la salud del gobierno de Gustavo Petro sigue generando gran controversia, y en particular, una de sus medidas más discutidas es la creación de la llamada “súper Adres”, una nueva versión de la Administradora de Recursos del Sistema de Salud (Adres). Con un manejo de recursos que ascendería a 90 billones de pesos, esta entidad tendría bajo su control una serie de funciones que actualmente ejecutan las entidades promotoras de salud (EPS), lo que la convertirá en un actor clave en el sistema de salud colombiano. Sin embargo, las dudas sobre su capacidad de gestión y su estructura interna continúan generando incertidumbre.
La propuesta de la reforma, que ya ha superado su primer obstáculo en la Cámara de Representantes, busca centralizar el manejo de los recursos de la salud en una única entidad. Sin embargo, la falta de claridad sobre cómo se manejarán estos recursos y cómo se garantizará su distribución eficiente sigue siendo una de las principales críticas al proyecto. Especialistas y expertos en salud han señalado que este cambio podría poner en peligro la calidad del servicio y la sostenibilidad del sistema, ya que la Adres no parece tener la capacidad operativa necesaria para asumir tantas funciones nuevas.
Entre las nuevas tareas de la “súper Adres” se incluye la contratación directa de las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), que en el país suman más de 60.000. Esta responsabilidad resulta especialmente preocupante cuando se observa que la Adres, que actualmente cuenta con un equipo de entre 200 y 300 trabajadores de planta, apenas tiene los recursos humanos para hacer frente a los retos que implica la auditoría de servicios prestados y la gestión de las facturas de las EPS. Si bien se ha argumentado que el software a utilizar será creado desde cero para facilitar esta tarea, la falta de personal capacitado y el volumen de trabajo plantean interrogantes sobre su eficacia.
Uno de los puntos más alarmantes es la cantidad de funciones que tendrá que asumir esta nueva entidad. No solo se encargará de la contratación de las IPS, sino que también tendrá que manejar el pago a hospitales y clínicas por los servicios prestados, además de constituir un fondo para la atención de catástrofes y epidemias. Con 900 trabajadores, gran parte de los cuales son contratistas, se plantean serias dudas sobre cómo podrán manejarse las auditorías aleatorias de las facturas de las EPS, dado que el volumen de transacciones es extremadamente alto y la capacidad del personal es limitada.
El investigador en salud Giovanni Jiménez, de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, señaló que esta nueva entidad podría convertirse en un monopolio público, cuyo funcionamiento dependería en gran medida de la moral pública. Esto, debido a que se tratará de un organismo con un poder significativo y con acceso a un presupuesto muy elevado. Los temores de los críticos se centran en que el manejo de estos recursos en manos de una entidad política podría generar riesgos de corrupción, lo que pondría en peligro la transparencia y eficiencia del sistema.
Además de las preocupaciones sobre la capacidad operativa de la Adres, también existe un cuestionamiento sobre la viabilidad de este cambio en el corto plazo. En la actualidad, la entidad tiene que gestionar un sistema de salud con una carga de trabajo que varía entre los 300 y 800 millones de transacciones al año, lo que hace que cualquier intento de auditar y controlar esos procesos con un personal limitado sea un desafío casi imposible de superar. La “curva de aprendizaje” que menciona el experto Enrique Peñaloza podría convertirse en un factor determinante, y la demora en la implementación de estas funciones podría tener consecuencias graves, como el retraso en pagos y la falta de atención oportuna para los pacientes.
A lo largo de la discusión sobre esta reforma, el Gobierno ha insistido en que la centralización de recursos y funciones permitirá una mayor eficiencia y equidad en el sistema de salud. Sin embargo, las voces críticas apuntan a que la falta de una estructura adecuada y la ausencia de medidas concretas para garantizar una transición exitosa podrían hacer más daño que beneficio a largo plazo. La reforma a la salud se presenta como un reto titánico, y la creación de la “súper Adres” podría ser el punto de quiebre que determine si la propuesta del Gobierno se traduce en mejoras sustanciales o en un caos administrativo que termine afectando a los más vulnerables.
En conclusión, la reforma a la salud sigue siendo un tema de debate candente, y la creación de la “súper Adres” representa uno de los elementos más controversiales del proyecto. Mientras el Gobierno insiste en la necesidad de un cambio estructural, la falta de garantías sobre la capacidad de la nueva entidad para asumir tantas funciones y el volumen de trabajo que implican plantea serios interrogantes. El sistema de salud colombiano necesita reformas, pero estas deben ser implementadas de manera cuidadosa y con una planificación adecuada para evitar que se conviertan en un obstáculo para el bienestar de los colombianos.
