La reciente noticia del cierre de la unidad de atención de partos de la Clínica de Las Américas, sumada al creciente éxodo de camas obstétricas en varias instituciones privadas de la ciudad, ha encendido las alarmas en Medellín. Con una reducción drástica de opciones para el parto, la situación refleja una crisis sanitaria que pone en peligro la salud de miles de mujeres y recién nacidos, a pesar de la disminución de la tasa de natalidad en los últimos años. Si bien la caída en el número de nacimientos podría parecer un alivio para el sistema de salud, la realidad es que la ciudad enfrenta un déficit crítico en la infraestructura necesaria para atender estos partos.
Actualmente, Medellín cuenta solo con siete instituciones habilitadas para la atención de partos, un número alarmantemente bajo si se compara con las necesidades de una población que sigue presentando más de 31.000 nacimientos anuales. Según las proyecciones, la ciudad debería contar con al menos 315 camas para la atención obstétrica, pero la cifra actual apenas supera las 100, lo que evidencia un déficit cercano al 65%. Esta escasez no solo refleja una deficiencia en la infraestructura, sino también en el compromiso del sector privado con la salud pública en un área tan sensible como la atención al parto.
El cierre de camas obstétricas en hospitales y clínicas privadas no es un fenómeno nuevo, pero sí cada vez más preocupante. La Clínica San Vicente Fundación, por ejemplo, cerró 32 camas en 2022, mientras que la Clínica del Rosario retiró 30 en 2023. A su vez, centros como León XIII, Sagrado Corazón de Jesús y Las Vegas también han reducido su capacidad obstétrica en los últimos años. El fenómeno responde a un mismo factor: la rentabilidad económica. Los partos son, en muchos casos, una de las especialidades médicas menos lucrativas para las instituciones privadas, lo que hace que muchos de estos establecimientos opten por cerrar sus unidades de obstetricia en un esfuerzo por reducir costos.
A pesar de que el número de nacimientos ha caído un 20% en la última década, la demanda de servicios obstétricos sigue siendo alta, ya que Medellín continúa siendo el destino principal para mujeres de otras regiones del país que no cuentan con servicios adecuados en sus municipios. De los más de 31.000 nacimientos registrados en la ciudad durante 2023, un 38% correspondieron a madres provenientes de fuera de Medellín, lo que subraya la importancia de la ciudad como un centro de referencia en salud obstétrica. Este flujo de madres de otras regiones agrava aún más la crisis de la atención, pues la cantidad de camas disponibles sigue siendo insuficiente para atender tanto a las mujeres locales como a las que llegan desde el resto del departamento y del país.
Con un número de camas obstétricas en constante descenso, la calidad de la atención a las madres y sus bebés está bajo amenaza. La normativa actual establece que en un parto sin complicaciones, tanto la madre como el recién nacido deben permanecer bajo observación durante al menos 24 horas, lo que requiere de un espacio adecuado y suficiente para cada caso. Sin embargo, la reducción de camas y la escasez de personal en las instituciones de salud dificulta el cumplimiento de estos protocolos, lo que podría resultar en una atención insuficiente y en un aumento de los riesgos para la salud de las madres y los recién nacidos.
Las implicaciones de este fenómeno no son solo de orden sanitario, sino también social y económico. La Personería Distrital de Medellín ya había emitido alertas en 2023 sobre la creciente tendencia de cierres de servicios de obstetricia en diversas IPS, lo que refleja una problemática estructural en el sistema de salud de la ciudad. El déficit de camas obstétricas también afecta la accesibilidad a los servicios, especialmente para las mujeres de escasos recursos que dependen del sistema público y semi-público para acceder a la atención de calidad.
Ante esta situación, el gobierno local y las autoridades sanitarias deben tomar medidas urgentes para abordar esta crisis. Si bien se han hecho esfuerzos por mejorar la infraestructura y la cobertura, el número reducido de camas sigue siendo un problema serio que pone en riesgo la vida de las madres y los recién nacidos. Las soluciones deben ser a corto, mediano y largo plazo: desde la creación de nuevas camas de atención obstétrica hasta la mejora en la calidad de los servicios y la incentivación del sector privado para que retome su responsabilidad en la prestación de estos servicios esenciales.
El futuro de la salud obstétrica en Medellín depende de una acción concertada entre el gobierno local, las autoridades de salud y las instituciones del sector privado. Si no se toman medidas efectivas para frenar la disminución de camas y mejorar la calidad de la atención, la ciudad podría enfrentar consecuencias graves en términos de salud pública. Es imperativo que se reconozca la importancia de garantizar un acceso adecuado y seguro al parto, un derecho fundamental para todas las mujeres y sus hijos.
