En un escenario de expectativas y promesas incumplidas, el segundo Consejo de Ministros televisado por el presidente Gustavo Petro abordó este lunes 3 de marzo temas de gran relevancia para una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado en Colombia: el Catatumbo. A pesar de las propuestas que se presentaron, el evento estuvo marcado por una serie de ausencias y declaraciones que dejaron entrever las dificultades internas del gabinete.
Un tema central de la transmisión fue la erradicación de cultivos ilícitos, con énfasis en los 25.000 hectáreas de coca que el gobierno se ha propuesto erradicar en el Catatumbo. En este contexto, la directora del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), Gloria Miranda, destacó la estrategia de incentivar a los campesinos para que dejen el cultivo de la hoja de coca a cambio de $1.280.000 mensuales. Según Miranda, los cultivos ilícitos son la principal fuente de recursos para los grupos criminales en la región, por lo que la política del gobierno busca frenar esta fuente de financiamiento y generar un cambio en la economía local.
Sin embargo, el presidente Petro, en su intervención, subrayó la importancia de reemplazar el circuito económico asociado a los cultivos ilícitos. A pesar de que los decretos de conmoción interior, que permiten una intervención directa del Estado en la región, ya han sido expididos, el mandatario insistió en la necesidad de continuar con la ejecución de estas políticas. “Ya hace 40 días se expidieron los primeros decretos, y estos están en plena ejecución”, afirmó Petro, asegurando que la erradicación de 25.000 hectáreas es un objetivo a corto plazo.
Uno de los elementos que más ha llamado la atención de esta estrategia es la propuesta de titular a los campesinos cocaleros, lo que se presenta como un incentivo adicional para la sustitución de cultivos ilícitos. El presidente destacó que, por primera vez, los campesinos serán beneficiarios de títulos de propiedad de sus tierras, lo que podría motivarlos a abandonar la actividad ilícita. Sin embargo, los desafíos sobre la viabilidad y efectividad de esta propuesta siguen siendo un tema de debate, ya que muchos expertos cuestionan la implementación real de estos beneficios en un contexto tan complejo.
En cuanto al presupuesto, el ministro de Hacienda, Diego Guevara, detalló las asignaciones que el gobierno ha dispuesto para estos proyectos. Al PNIS se le destinarán 330 mil millones de pesos, mientras que el sector de Defensa recibirá una asignación de 881 mil millones. A pesar de la asignación de recursos, la crítica sigue siendo una constante, especialmente en lo que se refiere a la falta de resultados tangibles en otras regiones del país, como el Cauca y Putumayo, donde las políticas de sustitución de cultivos han tenido un impacto limitado.
Lo que sigue para el Catatumbo parece depender en gran medida de la capacidad del Gobierno para movilizar los recursos prometidos y ejecutar efectivamente los programas de sustitución. El presidente Petro, al igual que sus ministros, ha asegurado que se movilizarán al terreno con los recursos aprobados para hacer frente a la crisis humanitaria y social que atraviesa la región. La pregunta, sin embargo, es si las promesas de este segundo Consejo de Ministros tendrán un impacto real sobre la vida de los habitantes del Catatumbo, o si, como ha sucedido en el pasado, quedarán en una serie de buenas intenciones sin resultados concretos.
Además, otro factor que ha generado preocupación es la ausencia de la vicepresidenta Francia Márquez, quien había sido una pieza clave en el enfoque del Gobierno hacia el Catatumbo y otras regiones del país. La falta de su presencia en el Consejo no pasó desapercibida, especialmente después de su salida del Ministerio de Igualdad y Equidad. En este contexto, las ausencias en el gabinete continúan alimentando los rumores sobre posibles fracturas internas que podrían afectar la cohesión en la toma de decisiones importantes.
El Catatumbo, sin duda, sigue siendo un reto para el Gobierno de Gustavo Petro. Aunque las intenciones de mejorar la situación de los campesinos y erradicar los cultivos ilícitos son claras, la región sigue siendo una de las más afectadas por el narcotráfico, la violencia y la falta de oportunidades. En un contexto tan complejo, las soluciones prometidas requieren más que simples declaraciones; requieren un compromiso real con el desarrollo sostenible y la paz en una región que ha sido olvidada durante décadas.
