El proceso judicial en torno al nombramiento de Jorge Carrillo como presidente de la Interconexión Eléctrica (ISA) ha dado un giro importante. En lo que parece ser un escenario plagado de tensiones y cuestionamientos, el Consejo de Estado admitió la demanda interpuesta por el diputado antioqueño Luis Peláez, quien cuestiona la legalidad y la idoneidad del nombramiento de Carrillo. La admisión de la demanda marca un precedente en la historia de las empresas estatales colombianas, pues nunca antes se había presentado una querella similar contra un presidente de ISA u otra empresa del Estado.
El exgerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM), Jorge Carrillo, asumió la presidencia de ISA en agosto de 2024, en medio de un proceso que ha sido criticado por su opacidad y supuestas irregularidades. El demandante, Luis Peláez, basó su querella en varios puntos que considera fundamentales para invalidar la elección. En primer lugar, Peláez sostiene que Carrillo no posee la experiencia necesaria para asumir una posición de tal envergadura, algo que, según él, contraviene las exigencias de las normas que rigen las designaciones en entidades de este tipo.
Esta demanda no solo tiene implicaciones legales, sino también políticas. El proceso comenzó hace más de un año y medio, cuando el diputado inició una exhaustiva recopilación de pruebas con el fin de presentar una demanda de nulidad electoral. La demanda es de especial interés, dado que, según el legislador, el procedimiento de nombramiento estuvo marcado por irregularidades que deberían invalidar la elección. El diputado espera que el Consejo de Estado tome una decisión en un plazo máximo de tres meses, lo que pondría a Carrillo en una situación incómoda.
El caso ha desatado un debate sobre la transparencia y la competencia en los procesos de selección de altos cargos en empresas estatales. Según el demandante, no solo se cuestiona la idoneidad de Carrillo para el cargo, sino también el procedimiento que condujo a su designación. Aunque la primera tentativa de presentar la demanda fue rechazada en octubre del año pasado, el diputado Peláez no se rindió y apeló la decisión. Su insistencia llevó a que la Comisión Plena del Consejo de Estado reconsiderara su postura y finalmente aceptara la demanda, lo que abre una nueva fase en el proceso.
Además de cuestionar la capacidad de Carrillo para liderar ISA, Peláez también ha solicitado que se investigue a la junta directiva de la empresa, señalando que su papel en el nombramiento debe ser analizado a fondo. La junta, según el diputado, podría haber incumplido procedimientos internos y legales que son esenciales para garantizar la transparencia y la justicia en el proceso de elección de un presidente para una entidad tan relevante.
Este tipo de demandas podría tener un impacto importante en cómo se manejan las designaciones en las empresas estatales en Colombia. El hecho de que un alto tribunal esté evaluando la legalidad del nombramiento de Carrillo podría sentar un precedente para futuras disputas relacionadas con cargos públicos de esta naturaleza. Las consecuencias de este proceso no solo se limitarían a la situación de Carrillo, sino que podrían generar una revisión de los mecanismos de selección y control en entidades estatales.
En medio de esta controversia, es inevitable reflexionar sobre el papel de la justicia y la política en el funcionamiento de las empresas públicas en Colombia. Mientras se espera una resolución por parte del Consejo de Estado, las preguntas sobre la transparencia, la idoneidad de los nombramientos y la efectividad de los mecanismos de control sobre el Estado siguen latentes. Lo cierto es que este caso, que tiene todas las características de una batalla legal y política, continuará siendo objeto de atención pública durante los próximos meses.
