La paz urbana es uno de los mayores retos que enfrenta el Gobierno Nacional en su proceso de paz total, y las mesas de diálogo que se llevan a cabo en ciudades como Medellín, Quibdó y Buenaventura son testigos de cómo este esfuerzo se mantiene vigente, aunque con altibajos. En Medellín, el proceso ha mostrado avances significativos, con las bandas criminales de la ciudad comprometiéndose a frenar la extorsión en al menos 25 barrios durante un piloto que se extenderá hasta mediados de 2025. La reducción de la extorsión en ciertos sectores es un logro, pero el fenómeno no ha desaparecido, ya que persisten nuevas modalidades de control territorial, lo que evidencia que los grupos armados siguen teniendo poder en estos lugares.
La dinámica en Medellín ha sido particularmente interesante debido a la participación de actores relevantes como alias Douglas, líder de La Oficina, y Don Berna, exparamilitar que sigue preso en Estados Unidos. Estos líderes han llegado a la mesa de paz para negociar la desescalada de la violencia y asegurar garantías de no repetición. Sin embargo, la concentración de los principales capos de las bandas en un mismo penal, como el de Itagüí, plantea el riesgo de que la violencia se replique desde las cárceles si los diálogos fracasan. A pesar de las dificultades, el Gobierno sigue apostando por la paz urbana, que, aunque complicada, tiene aún un potencial de transformación para Medellín.
En Quibdó, la situación es distinta. Aunque el programa de paz urbana ha sido bien recibido, la atención está centrada en los proyectos productivos que podrían sacar a los jóvenes de los ciclos de violencia. Sin embargo, aún falta avanzar en la implementación de estos proyectos para evitar que las nuevas generaciones sigan siendo atrapadas por las bandas criminales. La esperanza está puesta en que la creación de empleo y oportunidades en el territorio logren reducir las tasas de violencia en la región, un desafío no menor dado el contexto de pobreza y desplazamiento que afecta a muchos de sus habitantes.
Mientras tanto, Buenaventura, que experimentó un pacto de no agresión entre las bandas Shottas y Espartanos durante 19 meses, vive hoy una situación más preocupante. La ruptura de este pacto ha desatado una nueva escalada de violencia en la ciudad portuaria, poniendo en riesgo la estabilidad lograda en los últimos meses. Los habitantes de Buenaventura temen que este quiebre de la tregua resulte en más enfrentamientos y asesinatos, lo que podría echar atrás los avances en el proceso de paz urbana.
El principal desafío en todos estos procesos radica en crear un marco jurídico que respalde estos diálogos y permita que las mesas de paz tengan un impacto duradero. El proyecto liderado por el senador Antonio Correa busca justamente eso: darle un sustento legal a los acuerdos que se están logrando en las mesas. A medida que las mesas de paz en Medellín, Quibdó y Buenaventura siguen avanzando, el Gobierno se enfrenta a la compleja tarea de garantizar que estos procesos no solo sean efectivos en el corto plazo, sino que contribuyan a la construcción de una paz estable y duradera en el corazón de las ciudades más afectadas por la violencia.
