El expresidente Álvaro Uribe vuelve a estar en el centro del huracán político y judicial. Su reciente mensaje dirigido al magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Gustavo Salazar, no ha pasado desapercibido. “Allá nos veremos en la Comuna 13”, escribió el exmandatario en un tono que ha sido interpretado por muchos como una amenaza velada. La frase ha encendido las alarmas en un país donde la violencia política sigue siendo una herida abierta y donde la memoria de los desaparecidos en Medellín aún clama por justicia.
El trasfondo de esta declaración es la investigación en curso sobre La Escombrera, ese cementerio clandestino donde las “madres buscadoras” han insistido durante años en que yacen los restos de sus seres queridos, víctimas del conflicto. El hallazgo reciente de restos humanos en el lugar, identificados por Medicina Legal, es una prueba irrefutable de las atrocidades cometidas durante la época en que la Comuna 13 fue escenario de operativos militares bajo la administración de Uribe. Ahora, la gran incógnita es hasta qué punto las decisiones del entonces presidente pudieron haber facilitado la actuación de grupos armados ilegales en la zona.
El expresidente ha reaccionado con su ya habitual tono desafiante, sugiriendo que el magistrado Salazar no actúa con imparcialidad y que su presencia en Medellín tiene más tintes políticos que jurídicos. Más allá de la polémica, el problema de fondo no es solo la veracidad de las investigaciones, sino el mensaje que se envía cuando un líder político con su trayectoria apunta públicamente contra un juez. En un país donde las amenazas y los ataques contra operadores de justicia son moneda corriente, este tipo de declaraciones pueden tener consecuencias impredecibles.
A esto se suma la inquietante solicitud de información realizada por el Centro Democrático a la JEP, en la que se exige conocer las identidades de quienes han colaborado en la investigación sobre La Escombrera. La pregunta que muchos se hacen es si esta maniobra busca justicia o, por el contrario, podría derivar en la intimidación de testigos y víctimas. La historia de Colombia ha demostrado que los hilos del poder, cuando se tejen en el terreno de la impunidad, pueden ser peligrosos para quienes buscan la verdad.
El episodio deja en evidencia que la batalla por la memoria y la justicia sigue librándose en un terreno hostil. La JEP tiene ante sí un reto mayúsculo: esclarecer los hechos sin ceder a presiones ni intimidaciones. La pregunta sigue en el aire: ¿será posible conocer toda la verdad sobre lo que ocurrió en la Comuna 13, o la historia quedará atrapada, una vez más, en el juego de los poderosos?
